La Constitución Española de 1978, en vigor desde hace más de 32 años, tendrá su primera reforma. Con dicha reforma se modificaría el artículo 135 de la Carta Magna, que introduciría fijación de límites al déficit.

A escasos meses para las elecciones generales, sin la existencia de ningún referendum popular, el PP y el PSOE han pactado esta reforma a toda prisa porque argumentan "que es una garantia para el mantenimiento del estado de bienestar".

Actualmente el problema que sufre España no es el déficit en sí mismo, sino la falta de ingresos. Ante la falta de ingresos y un gasto desmesurado, no queda más remedio recortar esos gastos, por lo que en un tiempo podría haber más recortes al estado de bienestar, privatizaciones de servicios básicos, etc...

Es decir, podría causar el efecto contrario que promete estos grandes partidos con dicha reforma. Si la economía del país no avanza y genera ingresos, una manera de reducir gastos es la privatización de sectores como puede ser la sanidad, etc., que de aprobarse esta modificación sería de obligado cumplimiento por parte del gobierno, para no incurrir en delito, es decir, es una manera de dar carta blanca a las privatizaciones.

Por otro lado, esta modificación, pone de manifiesto la falta de gestión del gobierno y oposición, pues unos buenos gestores no necesitarían de introducir en su Constitución ningún techo. Todo gran gestor debe saber hasta dónde llegan sus posibilidades, teniendo control sobre sus ingresos y sus gastos y hasta dónde puede llegar su endeudamiento, ahora bien, si somos malos gestores, debemos ponernos cotos y este es el mayor de los cotos posibles.

PCAL-CI considera que el cambio de este artículo es un tema muy delicado y que tendría que ser los ciudadanos quienes con su voto a favor o en contra, puedan decidir este cambio en la Constitución, como se hizo el día 6 de Diciembre de 1978, dia en el cual fué ratificada la última Constitución por el pueblo español.

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